La Constitución establece los lineamientos generales y es el Código Penal quien los agrupa sistemáticamente y los protege imponiendo una pena a quien nos prive (o en algunos casos, intente privarnos) de cualquiera de esos bienes.
La seguridad significaría la certeza de que nadie es privado de algún bien o de una sociedad sin conflictos de ningún tipo. Un país seguro, es decir, sin gente privada de ningún bien y con una sociedad sin conflictos; no tendría necesidad de contar con un Poder Judicial y tampoco, en tal caso, con leyes de ningún tipo.
Lamentablemente o afortunadamente, según como se lo vea o se piense, la realidad del mundo es otra: la inseguridad es un hecho y la seguridad un ideal.
Por eso, toda sociedad y todo gobierno deben de luchar por acercarse lo más posible a ese ideal. En esa carrera de cara a acercarse lo más posible a la seguridad, nuestro país no está tan mal posicionado con la cuarta tasa de criminalidad más baja de América luego de Canadá, Chile y EEUU. Este último presenta un índice de criminalidad, según la ONU, de 5.4 al que le sigue nuestro país con 5.5.
El problema del delito tiene que ver con la exclusión y la desigualdad. Curiosamente, quienes hoy protestan por la inseguridad, son los que se niegan a la redistribución del ingreso y piden que se implanten políticas neoliberales que inexorablemente terminarán perjudicando a los sectores más vulnerables.
El problema del delito tiene que ver con la exclusión y la desigualdad. Curiosamente, quienes hoy protestan por la inseguridad, son los que se niegan a la redistribución del ingreso y piden que se implanten políticas neoliberales que inexorablemente terminarán perjudicando a los sectores más vulnerables.